¿Cómo evaluar la reforma tributaria del gobierno?

Claudio Agostini

Claudio Agostini

Finalmente el gobierno presentó su propuesta de reforma tributaria. Es curioso que parte importante del debate se concentre en discutir si es una reforma o un perfeccionamiento tributario y que la respuesta dependa del monto que se recauda. Me parece semántica y absurda esa discusión. Por un lado, uno podría hacer un cambio importante en el sistema tributario eliminando muchas exenciones y regímenes especiales, pero bajando las tasas de impuesto de tal forma de recaudar lo mismo. Un cambio de ese tipo mejoraría la eficiencia y la equidad del sistema fuertemente, pero me imagino que sería considerado un perfeccionamiento porque no recaudaría un peso extra. Por otro lado, uno podría simplemente subir un par de puntos el IVA y nada más. Dicho cambio de sólo una tasa en un solo impuesto supongo que sería considerado una reforma tributaria y no un perfeccionamiento porque recaudaría mucho.

Para evaluar la propuesta del gobierno creo que es mejor no perder de vista el objetivo principal de un sistema tributario: recaudar los recursos que el Estado necesita para financiar los bienes públicos que la sociedad quiere que provea. Sin embargo, la forma de recaudar importa. Los impuestos deben recaudar distorsionando lo menos posible las decisiones de los agentes económicos y con costos de administración y fiscalización lo más bajo posibles. En base a esos criterios hay que juzgar la reforma tributaria del gobierno. La primera pregunta, entonces, es cuánto más necesitamos recaudar. El gobierno hasta ahora ha puesto el énfasis en señalar que todos los recursos extra que genera esta reforma se destinarán a educación. Eso es una buena noticia, ya que la inversión en capital humano es muy rentable socialmente, pero no responde la pregunta de cuánto más necesita el Estado recaudar para financiar durante los próximos años el gasto permanente en educación, salud, infraestructura, vivienda, urbanismo, pensiones, sistema judicial, seguridad ciudadana y defensa. Asumiendo que la respuesta correcta es que el Estado necesita los casi US$ 1.000 millones que recauda esta reforma y que tiene la capacidad de gastarlos bien, la pregunta es cuál es la mejor forma de recaudarlos. El gobierno optó por subir la tasa de impuesto a las utilidades de las empresas y el impuesto a los alcoholes. Al mismo tiempo que se reducen las tasas marginales de impuesto a las personas, el impuesto de timbres y estampillas y se flexibiliza el impuesto a los combustibles.

Un buen sistema tributario permite mejorar la eficiencia económica a través de impuestos a las externalidades negativas. En ese sentido el anuncio de impuestos verdes es un buen avance y el aumento del impuesto a los alcoholes también, pero la flexibilización del impuesto a las gasolinas va en el sentido contrario. Las externalidades de contaminación y congestión dependen de la cantidad de litros consumidos, independiente de cual sea el precio el petróleo. Por eso el impuesto correcto es un monto fijo por litro.

La reforma reduce la diferencia de tasas entre el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas, lo cual es correcto ya que desincentiva la elusión. Sin embargo, la base del impuesto debe ser lo más amplia posible, ojalá sin exenciones, de tal forma de tener tasas de impuestos más bajas y distorsionar menos. En esta dimensión la propuesta del gobierno no mejora en nada el sistema tributario actual plagado de regímenes especiales y exenciones que rompen la equidad horizontal en el impuesto a la renta, generan ineficiencias importantes y aumentan la desigualdad.

La teoría económica y la evidencia empírica muestran que aumentar la base del impuesto al ingreso lo hace más eficiente, más justo, reduce tanto la elusión como la evasión y disminuye los costos de administración y cumplimiento. Eso requiere menos exenciones y menos deducciones, el desafío es eliminar las existentes y no crear nuevas. Lo mismo para el IVA. Lamentablemente la propuesta tributaria del gobierno quedó al debe en ambas cosas.